Riesgo químico mal gestionado: El costo silencioso que puede frenar la productividad minera

Multas contractuales que pueden alcanzar el 2% diario, incrementos en la cotización adicional y hasta siete días de ausentismo por una quemadura química evidencian una brecha histórica en la forma en que la industria ha abordado este riesgo.

En minería, un accidente químico grave no es solo un evento clínico: es una variable económica. En faenas donde los contratos contemplan multas que pueden llegar al 2% del valor total por cada día de atraso, la salida temporal de un trabajador puede acarrear sanciones millonarias. A esto se suma el impacto en la tasa de cotización adicional, que puede variar entre 0,9% y 4% de la planilla anual, dependiendo del nivel de accidentabilidad.

En el caso de las quemaduras químicas —eventos poco frecuentes, pero de alto impacto— la diferencia en gestión es determinante. Según datos citados por la industria, cuando la atención inicial se realiza solo con agua, el promedio de ausentismo puede llegar a siete días. Con protocolos adecuados, ese período puede reducirse a menos de un día, limitándose a la evaluación médica.

"Lo que el prevencionista puede hacer en un accidente grave solo lo pudo planear antes. Después  del  evento,  ya  es  tarde.  La  diferencia  está  en  cómo  se  gestionó el riesgo previamente", afirma Alexandra Bustamante, fundadora de Sagita, empresa chilena especializada en seguridad y emergencias químicas.

El vacío técnico que nadie estaba midiendo

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A diferencia de la ergonomía o los riesgos psicosociales —que cuentan con metodologías estandarizadas— el riesgo químico en Chile carecía de una herramienta concreta para cuantificarlo dentro de las plantas industriales.

Ese vacío llevó a Sagita a desarrollar un Mapa de Riesgo Químico, metodología propia que cuenta  con  derechos  de  propiedad  intelectual,  que  permite  identificar,  cuantificar  y jerarquizar zonas críticas dentro de una operación.

"No existía una forma estructurada de medir el riesgo químico. Nosotros diseñamos una metodología  que  le  dice  al  cliente,  por  área,  dónde tiene riesgo vital y qué exige la normativa en cada punto", explica Bustamante.

El  proceso  parte    con  el  diagnóstico:  levantamiento  técnico  en  terreno,  análisis  de legislación nacional e internacional y emisión de un informe que permite al prevencionista integrar el riesgo químico en su matriz formal de gestión.

En la práctica, esto se traduce en respaldo técnico frente a mutuales, fiscalizaciones y jefaturas, especialmente cuando ocurre un accidente y la autoridad exige mejoras concretas para evitar su repetición.

De proveedor a socio técnico

La brecha detectada en terreno fue más profunda que la falta de equipamiento. "Muchos prevencionistas  no  manejaban  química  aplicada. No entendían por qué, pese a tener elementos de protección, igual ocurrían accidentes graves", sostiene Bustamante.

Esa realidad derivó en la creación de una OTEC certificada por Sence, orientada a formar especialistas en gestión de riesgo químico. La capacitación incluye programas formales para líderes y trabajadores, con participación de profesionales de la salud y formación técnica específica.

"Nos  dimos cuenta de que no bastaba con vender una solución. Había que transferir conocimiento. Si el riesgo no se entiende, no se gestiona", agrega.

Este enfoque ha introducido conceptos que antes no formaban parte del estándar industrial, como la identificación de riesgo químico portátil en zonas de carga, transferencia y manipulación de sustancias peligrosas. En grandes faenas, el uso de protección específica frente a salpicaduras químicas pasó de ser inexistente a transformarse en requisito de ingreso para contratistas.

Impacto sistémico

Tras la Ley de Subcontratación, el mandante comparte responsabilidad en seguridad con sus  contratistas. Un accidente grave puede significar no solo costos operativos, sino semanas de presión reputacional.

En ese contexto, la gestión preventiva del riesgo químico dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una decisión estratégica. "En minería cuentan los días sin accidentes porque hay incentivos económicos asociados. Pero cuando ocurre uno grave, el impacto es inmediato y transversal", advierte Bustamante.

Sagita —que cerró 2025 con ventas superiores a $2.200 millones y operaciones en Antofagasta, además de presencia en Perú, Colombia y Argentina— ha crecido en ese espacio: el de convertir la prevención química en una herramienta de productividad.

El punto de partida es sanitario: evitar que una persona pierda la vida o quede con secuelas irreversibles. Pero en una industria presionada por mayores costos de producción, exigencias regulatorias crecientes y escrutinio público, la prevención también se convierte en una variable estratégica. Cuando el riesgo químico no se gestiona a tiempo, el impacto es humano primero, y económico después.

Porque en minería, un accidente no solo se mide en días perdidos, sino en millones.